A pesar de no haber estado entre los ejes de trabajo de la III Conferencia Regional de Educación Superior en 2018, los debates en torno al trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras de la Educación Superior tienen ya un largo recorrido, que comenzó en 2008 en la II CRES en Cartagena de Indias. Allí se abrió camino desde la región para un posicionamiento consensuado en la Conferencia Mundial de Educación Superior en París en 2009, cuando la educación superior quedó definida como un bien público y social.  

Este nuevo enfoque conceptual impulsó el proceso de acercamiento y unidad entre las organizaciones sindicales universitarias, así como la articulación obrero-estudiantil en la lucha por sus derechos. En la III CRES, Córdoba, 2018, el sector conquistó avances significativos, con la inclusión de compromisos y principios fundamentales como la libertad sindical, el respeto de los derechos laborales y la promoción del trabajo decente en el ámbito universitario en la Declaración de Córdoba.  

Pasada la CRES 2018, la propuesta de incluir el trabajo decente como un eje central en la Conferencia Mundial de Educación Superior de 2022 fue un nuevo elemento de coordinación y fortalecimiento de las voces trabajadoras de la región. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se logró su incorporación a la agenda del encuentro multilateral. No obstante, a través del consenso entre UNESCO IESALC y de toda la comunidad de la educación superior latinoamericana, el Trabajo Decente fue incluido como Eje 7 de la CRES+5.  

Una de las ideas clave de este eje es que no puede haber educación superior de calidad sin trabajo decente para todos aquellos que dedican su vida a la universidad, docentes y no docentes, sin distinción. El trabajo en la educación superior – como en todos los sectores – debe cumplir con los principios definidos por la Organización International del Trabajo (OIT), como condiciones justas y dignas con derechos respetados; ejercicio de la libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana; empleo productivo con ingreso justo; posibilidades de desarrollo personal e integración y participación en las instancias de decisión sobre los derechos laborales. A su vez, la educación superior como sector profesional tiene especificidades que precisan ser llevadas en cuenta, sobre todo debido a las transformaciones impulsadas por la pandemia de la COVID-19. Siendo así, las tareas que se imponen a este grupo de trabajo hacia la CRES+5 incluyen la evaluación de los avances y, principalmente, la proposición de prioridades y acciones concretas que deberán guiar la región de aquí hacia 2028. 

Lideran este eje de trabajo Paola Rebeca Arteaga López, coordinadora general de estudios de posgrado de la UNAM; y Fabio Garcia Reis, director de innovación y redes de la SEMESP; Luis Bonilla Molina, miembro titular del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Marcelo Di Stefano, secretario ejecutivo de la Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas (CONTUA).